A su criterio, sí hay responsabilidad política de Glas frente a las obras que se construyeron en los sectores estratégicos y que ahora están en investigación. “Entonces son responsables por las cosas que no son correctas. Por ejemplo, la sentencia condenatoria por cohecho y la sentencia condenatoria por enriquecimiento ilícito”, sostiene Gómez, contra diferentes funcionarios que trabajaron en sectores estratégicos.

La solicitud de la oposición deberá ser examinada por el Consejo de Administración Legislativa (de mayoría oficialista) y luego lograr la aprobación de la Corte Constitucional.

Para proceder a la censura y destitución del presidente y vicepresidente se requiere el voto de las dos terceras partes (92) de los miembros de la Asamblea Nacional.

Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el caso pase a conocimiento de la justicia, según la Constitución.

La semana pasada Glas compareció de manera voluntaria ante el Parlamento, declarando que “no tengo nada que ocultar. Mis manos están limpias”.

“No hay una sola prueba en mi contra de absolutamente nada (...) Mi patrimonio es donde vivo, la camioneta que manejo. Vivo de mi salario y el de mi esposa”, añadió.

Ayer el vicepresidente no se pronunció sobre el intento de enjuiciarlo políticamente.

REVELACIÓN.  El exministro de Energía, Alecksey M., recibió un millón de dólares de Odebrecht cuando aún era secretario de Estado. Así lo indicó su abogado Franklin Arévalo en Quito. 

Aseguró que ese pago se dio por una “consultoría” que Alecksey M. dio a Odebrecht cuando era Ministro de Energía. Arévalo dijo que esta asesoría fue por un proyecto que no especificó, pero aclaró que no estuvo relacionada con el proyecto Toachi-Pilatón.

Arévalo sostuvo que no hay ninguna prohibición para que un funcionario público dé asesorías externas.

El exministro y su tío político, Marcelo E., son investigados por presunto lavado de activos. Este es uno de los seis expedientes que mantiene en investigación la Fiscalía por el caso Odebrecht. 

El martes, en cambio, Rodrigo Albarracín, abogado de Marcelo E., señaló que su cliente fue utilizado por Alecksey M. para abrir Tokyo Traders, la compañía señalada de haber recibido el millón de dólares de la constructora brasileña. Arévalo desmintió esa versión y aseguró que Marcelo E. tenía pleno conocimiento de todos los movimientos económicos que hizo su sobrino político.