Así lo indicó Wilmer Bone, de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Santo Domingo (JCPD). 

En la queja se detalla que la docente, para evitar que el niño de siete años salga al recreo, lo encadenó al pupitre, a modo de castigo.

“Se avocó y se despachó (la denuncia), se ha oficiado a las instancias respectivas para dar comienzo a la investigación”, dijo Bone.

Añadió que no se descarta que el menor no sea el único que haya sido violentado en la misma aula de clases. 

Bone indicó que la Junta dispuso una investigación psicosocial para determinar si otros alumnos pasaron por la misma situación.

Mientras que el niño supuestamente afectado deberá ser evaluado psicológicamente para determinar su situación.

La entidad, además, ofició al Departamento de Consejería Estudiantil de la unidad educativa para que remita información del caso y dispuso al distrito 23D02 del Ministerio de Educación que se haga una investigación y una revisión de carácter administrativo para conocer el accionar de la docente.

La Junta en inicio se encuentra despachando las prohibiciones respectivas a cada una de las partes involucradas durante los 30 días que dure la investigación.  

Bone dijo que se ha establecido las prohibiciones citadas en el artículo 79 numerales 8 y 9 del Código de la Niñez y Adolescencia, donde se indica que no se deberán proferir insultos ni amenazas ni acciones que puedan ir en detrimento (daño) de la integridad del niño y si es necesario prohibir el acercamiento del presunto agresor con el afectado.

Además se informó que el organismo ha solicitado la suspensión temporal de la docente mientras dure la investigación.

TIEMPO. Pablo Cuaical, miembro de la Junta y quien atendió el caso, dijo que aparentemente el hecho se habría registrado hace 15 días.

“Parece ser una práctica de la docente a cargo de los niños, al parecer también hay otros menores como víctimas dentro de la misma aula, lo habría hecho como una forma de controlar la disciplina de los alumnos, ese es el argumento que se plantea”, declaró.

“El niño habría sido amarrado con una cadena y un candado”, dijo Cuaical.

La Junta dispuso, entre otras acciones, solicitar al distrito el accionar de la profesora y que el Ministerio de Educación plantee las acciones correspondientes si se determina la culpabilidad. 

La vicerrectora de la institución en la que presuntamente se registró el hecho, señaló que conocía de la situación. 

“Para nosotros no es nuevo, lo que pasa es que el papito parece que no ha entendido la resolución (que tomaron en una reunión), porque se llegó a un acuerdo con los padres de familia del grado. Inmediatamente luego de que nos enteramos le pasamos un llamado de atención por escrito a la maestra, ella nos manifestó que fue una simple broma”, declaró.

Añadió que en la reunión los padres de familia del grado habían llegado a un acuerdo en el que la profesora ofreció disculpas. 

“La maestra dijo que se tomó a un niño como veedor del juego. A los padres en la reunión se les dijo que el próximo paso era la separación de la maestra, pero los padres se opusieron. Ella sigue dando clases”, indicó.

Renato Cedeño, director del distrito 23D02, indicó que ha conocido de la denuncia. 

“La primera acción es la suspensión de la docente. Ella debe ser trasladada a una oficina administrativa y tiene derecho a la defensa”, indicó. 

El distrito 23D02 empezará con un sumario administrativo cuyas sanciones van desde multas económicas hasta la destitución del cargo.