Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas han destruido casi 700 toneladas de alcaloides, gran parte de esa cantidad almacenada desde 1992.

“La destrucción de la droga se la realiza en compañías que cuentan con equipo de última generación y que cumple con las normas de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) y la DEA (Administración para el Control de Drogas)”, según indicó la agencia Andes.

En el país existen tres hornos para incinerar los alcaloides. En marzo, las autoridades revelaron que uno está en Pichincha, donde se hizo la demostración, pero de los otros dos equipos no se conoce su ubicación, se publicó.

Ninguno de estos tres hornos pertenece al Estado. Los equipos son propiedad de empresas privadas, que tienen un contrato de prestación de servicios con el Gobierno, informó diario El Comercio.

   

>Ley. El Estado, a través de una reforma legal reestructuró el proceso de mitigación del narcotráfico.

El nuevo Código Penal, que rige desde agosto del 2014, incorporó un artículo (474) en el que se dio un plazo máximo de 15 días para que el juez ordene la destrucción de las drogas. 

El comité interinstitucional  a cargo de esta área desarrolla tres ejes: la reducción de la oferta, la demanda y la atención integral de los consumidores.