La Fiscalía presentó una denuncia contra Lula y otras 12 personas ante la Justicia Federal de Curitiba (sur del país) por unas obras millonarias, supuestamente costeadas con recursos públicos desviados, en una hacienda en el interior del estado de Sao Paulo (sureste) cuya propiedad es atribuida al ex jefe de Estado.

La casa de campo en el municipio de Atibaia, de la que Lula sería el propietario oculto, fue sometida a obras millonarias realizadas por las constructoras Odebrecht, Schahin y OAS, tres de las empresas salpicadas por las corruptelas en Petrobras.

Las investigaciones apuntan a que las tres constructoras gastaron cerca de un millón de reales (unos 305.000 dólares) en reformas en la propiedad a cambio de ser beneficiadas posteriormente por el Gobierno con contratos públicos.

El juez federal Sergio Moro, responsable por la investigación sobre los desvíos en Petrobras, tendrá que decidir ahora si acepta o no la denuncia contra el expresidente de Brasil.

Temer. Por otro lado, el presidente brasileño, Michel Temer, desistió del recurso que había presentado el sábado para que la Corte Suprema suspendiera la investigación que le fue abierta por corrupción, porque quiere que el caso sea resuelto lo más rápido posible, anunciaron sus abogados.

El jefe de Estado optó por apresurar una solución para el lío jurídico que generó una grave crisis política en el país, tras contratar un informe técnico particular que identificó hasta 70 “puntos de oscuridad” en el audio que supuestamente lo compromete, dijeron sus defensores.

La Fiscalía utilizó ese audio  como base para solicitar la apertura de una investigación en su contra.

La Corte Suprema, que ya le pidió a la Policía evaluar el audio para determinar si fue editado, anunció que tan solo se pronunciará sobre la petición para que la investigación sea suspendida cuando reciba los resultados de la pericia.