El Estado reconoce a sus ciudadanos la libertad de asociarse y reunirse con fines pacíficos, con las salvedades que establecen las leyes.

El proyecto en referencia determina, entre las causales de disolución de una organización social, el desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida; y dedicarse a actividades de política partidista que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten a la paz pública.

Como está planteada, la norma propuesta, de ser aprobada, podría convertirse en un instrumento de persecución contra instituciones sociales de tipo privado, como ha ocurrido con algunas organizaciones cerradas por la aplicación del decreto ejecutivo 739, que contiene las mismas restricciones que señala el proyecto. En tales casos, a más de afectar a la libertad de asociación, es un potencial instrumento contra la libertad de expresión, pues al pender sobre ellos el riesgo de la disolución, los representantes y voceros de las organizaciones verán limitadas sus posibilidades de reclamar o expresarse públicamente en temas políticos o de defensa de derechos.

Consideramos que el referido proyecto de ley debe archivarse o modificarse como una forma de garantizar las libertades ciudadanas arriba expresadas.