Así hay rebajas en tarifas de servicios básicos como energía eléctrica y agua; medios de transporte, atención especial en bancos, supermercados, oficinas públicas y privadas, devolución del impuesto al IVA, entre otras, en razón de la condición de edad del ciudadano.  

Y aquello es un aporte positivo que va con las consideraciones a las personas que ya han dado bastante de sí para la vida, jubilados o no.

Sin embargo, aplicando ese aforismo de que “del dicho al hecho hay mucho trecho”, no todo es satisfacción en cuanto a la aplicación cerrada de la ley, puesto que constantemente aparecen quejas de la violación a estos derechos, como sucede en los buses de transporte, en las largas esperas en los bancos porque solo destinan una ventanilla mientras existen diez para el público general. O en los supermercados, donde los letreros no son respetados por nadie, por citar algunos casos.

Consideramos que los jefes institucionales deberían aleccionar a sus colaboradores en la obligación legal existente, y las autoridades supervisarlos para superar falencias que pudieran presentarse en la atención a los adultos de la denominada tercera edad, contribuyendo así a su mejor desempeño y accionar en sociedad.