Lo sacó de un predio cercano que fue anegado por la inundación. Tanto cubre el fango el sembrío que el rescate es más fácil por el agua.

Gabriel Quiroz sube vacilante la ribera de este tramo del río Portoviejo en la parroquia Colón. A su alrededor, plantaciones arrasadas muestran las secuelas de la última creciente.

Fue muy grave, pero no es la primera. A pesar de sus 23 años Gabriel sabe que es una historia que siempre se repite cada tanto. “Si usted se va por el río ve siembras y casas que quedaron inundadas y que antes ya habían sido afectadas”, dice.

Lo confirma Berta Vélez, que tiene su casa frente a la ribera desde hace más de 30 años. “La gente igual arriesga. De pronto no llega la inundación y cosechan. Sino, pasa lo que pasó”, señala.

Destrucción. En otro punto de la ciudad, en lo alto de la ciudadela Briones,  de la parroquia San Pablo, el agua también pasa factura.

Los deslizamientos del 2013 se reactivaron la semana pasada y la zona ha vuelto a parecerse a un pueblo tras la guerra.

Paredes quebradas, escaleras fracturadas, casas destruidas, el asfalto sembrado de profundas grietas, y la evacuación que no para con familias que (como pasó hace cuatro años) dejan sus hogares por un albergue.

“Por lo menos desde los años 90 se sabía de esto”, saca cuentas José Cevallos, dirigente barrial del sector, y reflexiona de lo que históricamente ha pasado allí.

“Entre los 80 y 90 ejecutaron obras de protección en las quebradas, pero no se hicieron controles. Las construcciones siguieron, hasta de varias plantas. El Municipio no sólo no paró las obras sino que se legalizó lo ilegal”, cuestiona mientras observa el panorama de catástrofe que rodea a la calle Flavio Alfaro.

Raymundo Luna, otro vecino, cree que los problemas se pudieron evitar. “Aquí se construyó sin control y nadie lo detuvo”, critica al señalar que la reubicación de las familias debió ser prioridad desde hace muchos años. “Creo que cosas como hacer tantos parques no son urgentes, pero la vida de la gente sí”, expresa. 

Deuda. En otro extremo de la urbe, si alguien sabe de deslizamientos es Eduardo Pico Moreira. Su casa se levanta en lo alto de una colina en la parroquia Andrés de Vera. Años atrás frente de su propiedad vio desaparecer de a poco más de una veintena por deslizamientos. Más arriba su vivienda aún sigue en pie y él resalta que no le ha pasado nada, “está sanita”.

En la parte alta de la calle Alberto Lara, cuenta Eduardo que las viviendas se fueron desestabilizando conforme la tierra cedía. El riesgo motivó una reubicación que dejó en su lugar las ruinas de lo que fueron casas, un gran terreno baldío que ahora luce lleno de  monte. Maleza, roedores, serpientes y más copan el lugar donde por ahora ya no se habla de deslizamientos, pero sí de insalubridad. 

“Aquí jamás la gente sacó permisos ni hubo control. La gente fue haciendo sus casas según como querían”, recuerda Eduardo.

Otro vecino, Wilmer Peñafiel, señala que sólo ha llegado control a la zona luego del terremoto del 16 de abril. “Antes se hacía cualquier cosa”, dijo y criticó que un área de riesgo, donde se desalojaron familias, ahora sea un problema para los que quedaron.

Historia. Aunque las afectaciones pueden ser recientes, los problemas no son nuevos. Áreas de inundación, colinas con deslizamiento, sitios que pueden ser afectados por escorrentías de lodo no son nuevos.

Analistas involucrados al sector de riesgo y la planificación coinciden en que hay una deuda histórica en la atención de este tipo de problemas.

“Es un ciclo: llega la emergencia, hay damnificados, se los pasa a albergues, se les da la casa, la zona afectada se sigue poblando, no se hacen ni obras ni real reubicación, pasan los años y se repite la emergencia”, cuestiona Diocles Tigua, quien es coordinador de riesgos y emergencias de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) y ha estado vinculado al ámbito desde hace décadas.

Señala que no ha sido falta de diagnósticos ni planificación, de hecho recuerda que en Portoviejo tanto en la década de los 90 como después del 2000 mucha cooperación internacional se ocupó del tema. Cita casos como los de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), Agencia Alemana de Cooperación (GTZ), Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) de Italia.

“Si se suma la inversión que realizaron a lo largo de los años son varios millones de dólares, pero los problemas siguen allí”, señaló al decir que falló la implementación y seguimiento de las soluciones a largo plazo.

Complejidad. Roque Mendoza, exresponsable de la desaparecida Defensa Civil, va más allá. Cuestiona que históricamente no se han tomado acciones integrales que aborden la real complejidad de los problemas de riesgos y vulnerabilidad. “Los desastres son un negocio”, critica al señalar que el marco de las emergencias han permitido flexibilizar los contratos que se hacen para responder al evento cuando lo mejor hubiera sido trabajar en diagnósticos, estudios y obras de prevención.

Según el criterio de Mendoza solo pocos municipios, como el de Portoviejo, tienen un equipo multidisciplinario para los departamento de riesgos, mientras que en otros Gobiernos locales cuentan apenas con uno o un par de profesionales.

Mendoza también apunta a que lo primordial es la capacitación y creación de conciencia en la población.

“Puede haber todo, pero si la gente no entiende que no puede hacer obras que pongan su vida en riesgo, nada sirve”, señaló.

Planificación. David Cobeña, arquitecto y docente universitario, señala la importancia de la planificación. Resalta que es necesario avanzar a un modelo que establezca puntos de encuentro seguros y que las áreas de riesgo sean desocupadas de viviendas y reemplazadas por obras útiles para la población. “Se prefiere maquillar a las ciudades, pero los problemas neurálgicos no han sido tratados”, criticó.