Si se comprobasen irregularidades, el triunfo en las urnas sería anulado y con ello se pondría fin al mandato de Temer.

En el caso de Rousseff, sería casi una “segunda destitución”, pues perdió el cargo por violaciones a las leyes de los presupuestos en un juicio político que concluyó en agosto pasado, tras el cual Temer heredó el poder por su condición de vicepresidente.

La acusación contra la fórmula Rousseff-Temer fue presentada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en el 2015 y trata sobre supuestos hechos de corrupción y abuso económico en la campaña del año anterior.

Uno de los puntos sostiene que la campaña que llevó a Rousseff a la reelección en el 2014 fue financiada en parte con recursos desviados de la vasta red de corrupción que operó en la estatal Petrobras, lo cual ha sido ratificado en declaraciones que han dado a la justicia exdirectivos del grupo Odebrecht. 

Rousseff y Temer, que rompieron todas sus relaciones desde que se inició el proceso que llevó a la destitución de la exmandataria, se defienden por separado en este caso, aunque coinciden en negar las acusaciones.

Los abogados de Temer, además, pidieron que el Tribunal Superior Electoral los juzgue individualmente, pues sostienen que cada uno tuvo sus propias finanzas.

“Debe haber una separación de responsabilidades, porque no hubo ninguna actuación del presidente Temer en hechos de recaudación ilícita de recursos y no podría ser condenado por lo que no hizo”, dijo ayer el abogado del mandatario, Gustavo Guedes.

Según los valores declarados tras las elecciones del 2014, el comité de campaña de Rousseff gastó para esos comicios un total de 102 millones de dólares.

El juicio comenzará el próximo 4 de abril, pero el abogado de Temer consideró que, en las primeras sesiones, alguno de los siete miembros del Tribunal Superior Electoral solicitarán prolongar los plazos procesales.