“Hay una información por parte de la Interpol de que ha sido localizado en Estados Unidos, le corresponde por lo tanto al gobierno norteamericano aceptar la petición de extradición que realizó la Corte Nacional de Justicia”, enfatizó el fiscal.

Al gobierno norteamericano la Fiscalía dejó de pedirle la lista de Odebrecht y esperará hasta julio para que se la dé, pero en estos momentos –reveló el fiscal- se negocia con la constructora brasileña la entrega de datos.

“Lo que está haciendo la Fiscalía es, en conjunto con la Procuraduría General del Estado, buscar la posibilidad de un acuerdo con Odebrecht que nos permita obtener no la lista sino la información sobre estos hechos delictuales”, agregó. 

El punto clave para ese acuerdo también se señaló: “es un tratamiento de mayor benignidad, digamos, en las penas”.

El exministro es acusado por supuesto enriquecimiento ilícito y ya fue sentenciado por cohecho, según la Fiscalía. 

La Fiscalía, por otro lado, vinculó a tres personas al proceso judicial que se sigue por el delito de lavado de activos, tras la presunta red de corrupción detectada en Petroecuador.

Dos de las personas vinculadas son Carlos P. A. y Carla P. A., hijos de Carlos P. Y., exministro de Hidrocarburos. La otra es Juan P. J., presuntamente involucrado en las actividades objeto de investigación.

En la diligencia la fiscal del caso, Diana Salazar, solicitó la privación de libertad de los tres procesados, pedido que fue acogido por el juez de Garantías Penales, Leonel Ronquillo. El juez ordenó la prohibición de enajenar sus bienes y la inmovilización de los fondos.