El Ejecutivo ya había formulado esta amenaza anteriormente, pero el fiscal general, Jeff Sessions, dio un ultimátum a las alrededor de 200 entidades locales que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. 

“Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo”, afirmó Sessions.

“El presidente dijo correctamente que esta desobediencia a la ley debe terminar”, añadió. 

En el año fiscal actual (del 1 de octubre del 2016 al 30 de septiembre del 2017) el presupuesto del Departamento de Justicia destinado a subvenciones asciende a 4.100 millones de dólares, según dijo Sessions. 

“Innumerables estadounidenses seguirían vivos si las políticas de estas ‘ciudades santuario’ hubieran sido suprimidas”, consideró ayer Sessions en su intervención.