Esa secretaría de Estado firmó el 29 de diciembre del año pasado con la Constructora Izquierdo y Castro el contrato de construcción de 14 obras afectadas por el terremoto, entre UVC, UPC, sala de capacitación, vivienda fiscal y otras para la Policía Nacional, por un monto de 16´982.660 dólares y un plazo de 8 meses, señalaron el gerente general y el superintendente de obra, Ricardo Castro y Nelson Almeida, respectivamente. La contratista recibió el 44% del anticipo y ya presentó las planillas de enero y febrero y está por presentar la de marzo, dijo Almeida.

>Desempleo. Sin embargo, acotó, la semana anterior recibieron una notificación de suspensión del contrato y de forma verbal conocen que el contrato fue rescindido de manera unilateral, lo que, señaló, deja sin trabajo a 250 personas que laboran en las 14 obras en varios cantones de la provincia.

Uno de ellos es José Vélez, maestro de obra, quien habló a nombre de sus compañeros que se han presentado día a día en la construcción de la unidad de vigilancia comunitaria de Portoviejo porque lo contrario será abandono de trabajo.

Vélez dijo que perder el empleo sería terrible porque no hay muchas fuentes de trabajo y que sus compañeros están desesperados. “Somos 250 familias, no 250 obreros”, acotó.

>Justificación. Almeida dijo que el argumento del Ministerio del Interior es que no se incluyó en la certificación presupuestaria el valor del IVA, con el cual el contrato sube a 19,3 millones de dólares, lo cual puede ser arreglado con un contrato complementario como lo establece la Ley de Contratación Pública. 

El Diario buscó la versión de funcionarios del Ministerio del interior pero no fue posible. El jefe de la Policía dijo en Manta que no está autorizado para hablar del tema. Solo se conoció que cerca del mediodía llegó una comisión del Ministerio a la UVC en Portoviejo con el nuevo contratista.