En las indagaciones realizadas por los servidores de los ministerios del Interior y de Salud, Navas indicó que se ha identificado que estos grupos limitan el acceso gratuito a la salud y a los medicamentos solicitando a los pacientes que adquieran estos en las farmacias privadas, aduciendo desabastecimiento.

También se ha comprobado que no existe razón para que se obligue a los pacientes o familiares a comprar, ya que los hospitales públicos se encuentran abastecidos e incluso cuentan con fondos emergentes para cubrir desabastecimientos a través de procesos de adquisición de ínfima cuantía para no afectar la gestión institucional.

Espinosa, por su parte, dijo que hay recursos suficientes para “garantizar que existan medicamentos”.