“Una cosa es ser militante de una organización política, con todo el derecho que tienen de promover a su candidato y sus visiones sobre la sociedad ecuatoriana, y otra cosa es optar por la violencia para impedir que otra corriente política, que otro candidato pueda ejercer sus derechos”, señaló. “Me parece que lo ocurrido es bastante grave, no debe dejarse pasar por alto por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, agregó.

Para Cedeño, el organismo electoral debería abrir un expediente investigativo para determinar si estos funcionarios públicos tienen el aval para intervenir con movilizaciones e impedir el ejercicio de derechos electorales que también se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal.

Fundamedios. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, dijo que la protesta es una evidente agresión en el contexto de la campaña electoral, donde la libertad de expresión debería estar más garantizada, incluso para los grupos opositores. “Quienes quieran acceder al poder en sus campañas electorales deben tener absoluta garantía de poder acceder a los medios de comunicación. Esto es una violación gravísima de estos derechos”, afirmó.

Ricaurte también cree que fue una violación de derechos de los ciudadanos. “Al momento que se impide que un candidato acceda a un medio de comunicación, se impide que los ciudadanos nos informemos de las propuestas del candidato”, manifestó.

El director de proyectos de Fundamedios, Mauricio Alarcón, expresó que estos acontecimientos son una violación a la libertad de expresión. “Primero debemos considerar que no fue una simple protesta. Se trató de una protesta violenta en las afueras de un medio de comunicación. Segundo, es claro que la protesta tenía el objetivo de impedir que el candidato Lasso ingresara al medio para cumplir con su entrevista”, explicó. 

Pero para Alarcón, lo más preocupante “es haber visto en la protesta a funcionarios públicos de alto nivel, incluso incitando a la violencia. Esos funcionarios, vengan de donde vengan, tienen el deber constitucional de garantizar el ejercicio de los derechos, no de coartarlos con sus acciones”, comentó.

Funcionarios. Xavier Santos, gobernador de Manabí y uno de los que estuvo en la protesta, indicó que por “actividades personales” se encuentra con licencia y no puede dar declaraciones.

El sábado, la asambleísta electa Karla Cadena dijo que ella salió a las calles como una militante más de Alianza PAIS acompañando a su gente.

Y la secretaría de Gestión de Riesgos, Susana Dueñas, indicó que salieron a las calles por una “cuestión de dignidad”.