El oficialismo no se paró en nada para apoderarse o copar sobre todo de la Asamblea Nacional, sinónimo de impunidad. Se hicieron los registros o padrones electorales, que antes se publicaban y que ahora nadie sabe su conformación, con 12´735.792 votantes, que solo podría alcanzar ese monto si Ecuador tuviese 19,4 millones de personas, pues los mayores de 16 años en el país representan el 65,52 % del total de la población. El INEC, la entidad más seria en este campo (con la que se hace toda la planificación y hasta se distribuyen los recursos de los organismos seccionales) establecía los habilitados para votar en 11´118.306, esto es 1´617.486 menos que los difundidos por el CNE. 

Se violó el Art. 25, numeral 15, de la Ley Orgánica Electoral. ¿Por qué no se publican, como antes sucedía, los padrones o registros electorales? ¿Se tiene miedo a que se evidencien muchas irregularidades en el mismo?

Ningún partido ni movimiento tuvo acceso al software o sistema informático utilizado por el CNE en las elecciones últimas, algo inconcebible; más si los auditores de las organizaciones políticas “fueron impedidos de revisar los circuitos de las comunicaciones y seguridad informática entre los recintos y los centros de datos del CNE”, luego de denunciarse cómo se podrían manipular las cifras de resultados. ¿Quiénes certificaron, al inicio del proceso, que los datos de los votos en el sistema estaban en cero? ¿Por qué no se aclaró en debida forma quiénes son los verdaderos dueños de Telconet, compañía encargada de la transmisión de datos, al tenor de las denuncias de varios candidatos y partidos?

La política globalizadora, con la desestructuración de las instituciones, avanza con o sin fraude. Ni siquiera las entidades de seguridad están a salvo. El proyecto se impone con el control absoluto del parlamento con procesos electorales turbios. Así se aprobaron leyes que permiten entregar al capital extranjero campos petroleros, minas de oro, plata, cobre, los puertos marítimos por decenas de años; se autoriza la venta de Tame y de la Flota Petrolera Ecuatoriana, fábricas de cemento, bombas de gasolina, de la CNT, Banco del Pacífico y de muchos otros bienes patrimoniales del país. Las instituciones son arrasadas. El país está indefenso ante la dictadura.

La suerte del Gral. Luis Castro, y de otros tres generales (Rodríguez, Cabrera y Egüez), quedó sellada cuando en acto de honor a militares fallecidos dijo: “El Ejército junto a su pueblo luchará por sus derechos, libertades y garantías. Nosotros somos los custodios únicos de los intereses de nuestro pueblo.” 

Lo que consagra el Art. 158, inciso primero, de la Constitución.