El fiscal ecuatoriano Wilson Toainga fue quien tomó declaración a Assange en noviembre pasado a partir de un listado de preguntas elaborado por Estocolmo y en presencia de dos funcionarias suecas, siguiendo un acuerdo alcanzado meses antes entre Ecuador y Suecia.

Las autoridades suecas ya han enviado una copia de la traducción a los abogados del periodista australiano, aunque todavía queda por pasar del castellano al sueco un pequeño fragmento.

"Los fiscales analizarán ahora el informe y luego tomarán una postura sobre qué medidas adoptar para seguir la investigación. Por motivos de confidencialidad no se puede informar de las eventuales medidas ni de cuándo se tomarán", consta en un comunicado.

En el interrogatorio, Assange, según la declaración divulgada por él mismo, reiteró su inocencia por el delito sexual que se le atribuye y denunció lo "abusivo" del caso, que abarcaba cuatro delitos sexuales, reducidos a uno después de que tres prescribieron.

Ese delito de violación "en grado menor" a una joven mientras dormía continúa vigente hasta 2020.

Assange fue detenido por la policía británica en diciembre de 2010, y a partir de ahí comenzó un proceso judicial que culminó en junio de 2012, cuando el Supremo reafirmó la extradición a Suecia.

Fue entonces cuando Assange se refugió en la legación ecuatoriana, ya que teme que Suecia lo envíe a EEUU y se enfrente en ese país a un tribunal militar por las filtraciones de WikiLeaks.

Los abogados del activista han acudido varias veces a la Justicia sueca para pedir el cierre del caso, la última el año pasado después de que un panel de la ONU concluyera en un informe que su detención era arbitraria e instara a Reino Unido y a Suecia a acabar con ella.

Pero un tribunal de Apelación decidió en septiembre mantener la orden de arresto dictada por Suecia y rechazó una nueva vista al entender que sigue siendo sospechoso, existe riesgo de fuga y no hay información nueva que justifique cambiar el procedimiento habitual.

El proceso contra Assange, que no ha sido formalmente acusado de ningún cargo, ha estado rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y la reapertura de un caso que había sido reducido inicialmente a delito menor. EFE