En la legislación ecuatoriana, este elemento se establece como la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de

forma concertada y publicada reiterativamente en uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.

O sea, se trataría de prohibir y sancionar a aquel medio o medios de comunicación concertados, concordados o conspirados, que produzcan y publiquen reiteradamente (más de una vez), información de cualquier tipo, con el propósito de desprestigiar a una persona o afectar su credibilidad pública.

Es evidente que el “linchamiento mediático” va orientado a proteger la imagen de una persona, la que estaría siendo afectada por una campaña de prensa que difunde información para desprestigiarla. Pero (el infaltable), en ninguna de la definición legal se determinan las características de la información difundida, su veracidad o el origen de esta. Simplemente se exige la intención perversa y dolosa de su difusión, la que resulta muy difícil de determinar por su subjetividad y que, por lo general, se debe deducir de los hechos objetivos. Es decir, cuando la ley define, prohíbe y sanciona una conducta dolosa (intencional), en su descripción exige hechos objetivos y materiales que le permitan al juzgador, deducir la real intención de su autor ya que, de lo contrario, jamás podría llegar a su psiquis y saber cuál fue su real deseo. Si el “linchamiento mediático” exigiera que lo difundido sea falso o insidioso, pudiésemos suponer que, efectivamente, existe un propósito de desprestigiar.

Pero, tal como está la figura, es prohibirles a los medios que investiguen, por ejemplo, a un funcionario público sobre entuertos (caso Odebrecht) ya que, seguramente, su nombre saldría en varias ocasiones en los medios, y cualquiera podría decir que existe un “linchamiento mediático”. (Continuará: La réplica de Zoilita)