“Aquí estamos hablando de que sólo los usuarios del sistema de agua potable estarían pagando un tributo para que lo utilicen todos los ciudadanos que utilizan los parques”, argumentó. 

Indicó además que rompe el principio de oportunidad. “Es inoportuno que en una ciudad devastada por un terremoto reciba una recarga tributaria de su propio municipio. Están agravando la situación de los ciudadanos de Portoviejo que estamos haciendo un esfuerzo supremo por recuperarnos de la tragedia”, dijo.

Según el abogado, este proyecto viola la Constitución y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, porque está establecido que para que exista una relación de servicio público domiciliario con cargo a la tasa de recaudación tienen que haber una relación directa, unidad de medición y además queda prohibido todo cobro genérico. 

“Es decir, lo que quiere hacer el municipio es que todos paguemos en una planilla un servicio con el que no tenemos relación directa”, explicó. 

Fresia Villacreses, miembro de la Junta Cívica para el Seguimiento de la Reconstrucción, indicó que en caso de que se apruebe esta normativa plantearán la inconstitucionalidad porque es un impuesto disfrazado de tasa y que se lo usa para tapar los huecos que el municipio tiene. 

“Portoviejo no es culpable de la ineficiencia con que se manejan sus instituciones, la empresa de agua potable debería ser una eficiente y rentable a estas alturas”, mencionó Villacreses.

Defensa. El concejal Erwin Valdiviezo defendió la ley señalando que se necesita dinero para mantener las áreas verdes. 

“Esta tasa dará unos 620 mil dólares, mientras que el mantenimiento supera los 2 millones de dólares”, manifestó el concejal. 

Juan Carlos Palma, director comercial de Portoaguas, reveló que esta empresa cuenta actualmente con 45.500 abonados, de los cuales unos 30 mil pagan por el servicio (el 65,9%). 

Además del total de abonados, 17.500 (38,5%) cuentan con medidor, los restantes pagan un consumo normalizado, explicó el funcionario.