En las entrevistas hablan que se encontraron con alguna persona y narran la anécdota, y hasta dicen que están en contra de la tiranía; pero evaden en forma notoria y rotunda responder de modo frontal, y explícito, qué van a realizar sobre la entrega consumada del petróleo, minas, puertos; venta de bienes públicos como las fábricas de cemento; transferencia de fábricas de cemento, Banco del Pacífico, venta de Tame, Flota Petrolera Ecuatoriana, entre otras decisiones. 

Si dicen ser opositores de esta política, ¿por qué no dicen una sílaba respecto a si van a anular, mantener o reforzar esas concesiones y privatizaciones; o si van a recuperar o no el patrimonio social y nacional dilapidado de forma monstruosa para favorecer a las grandes multinacionales, sobre todo chinas?

El correísmo significó además la expedición de leyes represivas encaminadas a la destrucción del tejido social y anulación de organizaciones populares, impuestos depredadores e imposibles de mantener –salvo que se anhele llevar a la miseria absoluta a la población-; un sistema educativo desnacionalizador, entre otros aspectos, lo que conduce a la reflexión respecto a qué van a realizar en este campo de la legislación opresiva, partiendo de la Constitución de Montecristi que permitió el acaparamiento absoluto de todos los poderes en manos del Fürher criollo. 

Nadie habla de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para restablecer las instituciones y la vida republicana. Hasta se han olvidado de reiterar que con una consulta anularían las reformas inconstitucionales del 3 de diciembre del 2015, bajo el disfraz roñoso de “enmiendas” entre las que, entre otras infamias, cercenaban atribuciones a la Contraloría General del Estado para reforzar el régimen de impunidad absoluta a favor de quienes se calcula habrían manejado alrededor de 400 mil millones de dólares.

¿Cómo se va a proceder respecto a escándalos e irregularidades sin parangón en la historia nacional, y más aún cuando la Contraloría, Fiscalía y otras instancias quedarán en manos del mismo gobierno que jamás permitió ninguna fiscalización? Denuncias tan graves como la de una repotenciación de la refinería de Esmeraldas que con un costo inicial de 187 millones su precio final ascendió a los 2.200 millones de dólares, ¿cómo van a ser enfrentadas? ¿Cómo van a recuperar una administración de Justicia que está bajo la suela del zapato de la dictadura? 

El pueblo ecuatoriano necesita respuestas claras, precisas, sin ambigüedades, de soluciones viables. ¿Por qué tanta respuesta evasiva? ¿El régimen dispone de influencias tan insospechadas que alcanzan incluso hasta a los candidatos presidenciales?