De acuerdo con el procedimiento habitual, el proyecto de ley tiene que ir al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación.

Luego se asignará una  comisión para su debate. El Presidente ha explicado que el proyecto no afectará a la “mayoría de los ecuatorianos” y que evitará la especulación de los suelos. Por ende, según él, se beneficiará al sector de la construcción.

La propuesta ya fue enviada el año pasado. Entonces planteó cobrar un impuesto del 75 % a las “ganancias extras” en la venta de casas y terrenos urbanos, sea que el incremento del precio de venta obedezca a inversión pública (un puente) o privada (un centro comercial).

El anuncio de esta ley generó manifestaciones en Quito y en varias ciudades del país. 

En junio del 2015 se reunieron críticos al régimen para pedir el retiro de esta normativa. El Jefe de Estado tuvo que retirarla “momentáneamente”.