Desde hace más tres años que está vigente la Ley de Comunicación, el periodismo de investigación ha perdido su aspecto fiscalizador. Los periodistas y los medios se cuidan antes de publicar información que se sabe como una verdad, por temor a las represalias, multas, dentro de la persecución que enfrentan desde hace nueve años.

Pocos casos de presunta corrupción han podido salir de la oscuridad. Uno de ellos es el de los contratos de Petroecuador, gracias a la investigación de periodistas de una unión internacional en base a los conocidos Papeles de Panamá (Panama Papers). Esta campaña se vive sin apropiada investigación a quienes manejan el país.

Por su parte, el Código de la Producción limita a los candidatos a campañas publicitarias tan minúsculas, que con muchísima dificultad van a poder llevar su mensaje a los electores. Un ejército de cientos de personas de las instituciones de control electoral y de la palabra (CNE y Supercom) se encargan de limitar a los medios de acuerdo a sus consignas.

Mientras, el canal de televisión público y los incautados (todos realmente funcionan como herramientas del gobierno) tienen licencia hasta para realizar costosas transmisiones del partido del gobierno, financiadas con dinero de los ecuatorianos, sin sanciones de por medio.