El presidente de la República, Rafael Correa, impuso la demanda con el fin de obligar a que pague lo que le corresponde de los US$ 145.000 dólares a manera de indemnización para reparar el daño moral ocasionado a través de una injuria. “Es una pretensión de impedir mi participación política y, detrás de ello está el impedir que, desde la Asamblea, continúe, en un estado con mayores posibilidades,  un proceso de fiscalización al Gobierno de Rafael Correa”, dijo Villavicencio.

El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, negó que exista un interés político en la notificación del juez. “No es un asunto de interés político, de ningún interés trascendental, es un asunto que llega a su final después de tres años de trámite”, dijo a Ecuavisa.