Organizaciones ciudadanas, como el Comité Cívico Institucional y la Junta Cívica de Manta, se expresan contrarias a que el futuro del puerto sea puesto en manos de la solitaria compañía que interviene, solicitando desestimar el presente llamado y proceder a una nueva convocatoria.

Así, razonan, se facilitaría la presencia de otros interesados.

La situación es delicada y demanda la reflexión del Gobierno Nacional, puesto que, ante la serie de inconformidades provenientes de la misma población a ser directamente beneficiada, el Ejecutivo está obligado a prestarle atención, tal como pregona en sus mensajes de supuesta búsqueda del equilibrio para la eficiencia del desarrollo nacional.

Creemos, entonces, que lo procedente sería la suspensión de la concesión, un análisis en conjunto sobre lo más conveniente para el puerto y el reinicio del proceso con la complacencia de todos los involucrados.