No adelantó fechas para la apertura de la zona cero, indicando que siempre hay que tomar precauciones y coordinar con las instituciones para que se vayan restableciendo los servicios básicos como agua potable, alcantarillado y la energía eléctrica.

Aunque el plazo para solicitar demoliciones terminó el 15 de septiembre, no descartan que lleguen más autorizaciones, lo que es decisión del Gobierno.

En esas cifras, explicó, no se incluye edificaciones que no han sido demolidas, pero en las que se baja la carga con el derrocamiento de losas, como ocurre con el edificio del Ministerio de Agricultura.

Guillén recordó que los procesos cambian porque no solo hay que retirar los escombros de los edificios, sino los colchones de tierra que ubican para que la maquinaria alcance los pisos superiores.

Control. Sobre los robos en la zona cero, señaló que la Fiscalía no les ha solicitado la nómina de las empresas que han laborado en las demoliciones, como anunció el fiscal provincial Enrique García al referirse a la etapa de indagación de las 29 denuncias presentadas.

Indicó que el MTOP no tiene responsabilidad sobre esas pérdidas, pero sí sobre los daños que se cause a casas adosadas a edificios derrocados, que deben ser cubiertos por los contratistas.