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Terremoto
Piden transparencia en la reconstrucción

El proceso de reconstrucción, desde el sector público, puede manejar fondos que superan los 2 mil millones de dólares.

Domingo 09 Octubre 2016 | 04:00

 Así lo proyecta el informe elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación  y Desarrollo (Senplades), que señala que la reconstrucción de las zonas afectadas costaría en total 3.344,8 millones de dólares, de los cuales el 67 por ciento, es decir, 2.252,3 millones, provendría del sector público.

Esa intervención estatal se divide en una compleja organización que implica la participación de decenas de instituciones que, en el marco de sus competencias, atienden las tareas de  reconstrucción, emergencia y reactivación.
Al frente de la coordinación de este proceso se encuentra el Comité de Reconstrucción, que es la entidad creada por decreto presidencial para el efecto.
Cuestionamientos.
Para dirigentes y analistas, falta transparencia en la difusión de información sobre todo ese proceso.
Santiago Vera, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, dijo -por ejemplo- que debería hacerse público el mecanismo por el cual se escogen a los contratistas, así como un listado donde los profesionales manabitas se puedan calificar para participar en las obras. “Los amigos del poder son los que se benefician”, cuestionó al señalar que hay procesos que se realizan “a dedo”.
El analista Ignacio Navia señaló que solicitó por escrito información detallada  tanto de los recursos como del inventario de las donaciones recibidas. “No hay transparencia”, objetó, e incluso aseguró que han habido contradicciones entre funcionarios gubernamentales respecto de sus declaraciones sobre lo invertido.
Para Alba González, presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo, es clave que existan reportes de temas que son muy importantes para la población como el dinero que se usa en la reactivación económica. 
“Hace falta transparencia. Por ejemplo, saber exactamente cuánto se ha destinado en detalle para préstamos de reactivación, cuánto han dado efectivamente”, dijo.
González agregó que la veeduría creada para el proceso de reconstrucción tiene el deber de facilitar la información a la población para que se conozca.
Para Fressia Villacreces, vicepresidenta de la Junta Cívica de Seguimiento a la Reconstrucción, la información que se hace pública es muy poca.
Expresó que se conocen datos por la prensa, por declaraciones, pero no hay disponibles todos los detalles sobre contratos, montos, avance de obra y más.
“Los ciudadanos no tenemos opción a nada. Lo que nos queda es seguir protestando por la falta de información”, dijo al recordar que desde ese colectivo han solicitado por escrito información detallada de los procesos de reconstrucción.
Documento. El último documento que recogió amplia información sobre el proceso de atención a las zonas afectadas fue el informe del Comité de Reconstrucción presentado en Quito a la Asamblea Nacional.
El documento de 71 páginas más anexos está disponible en la web www.reconstruyoecuador.gob.ec y, según se cita allí mismo, los resultados que contiene “fueron presentados en la cuarta sesión del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva con fecha 18 de agosto de 2016” y comprende el período mayo a agosto.
En ese informe se incluye información sobre las acciones por sectores, asignación de recursos, monto total devengado, en algunos casos avance de obra y más.
El informe no contiene un detalle total de contratos, contratistas, listado de obras contratadas y más reportes específicos.
Veeduría. El Comité de Reconstrucción solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la creación de una veeduría para sus acciones en atención a las zonas afectadas.
El pasado 18 de agosto fueron acreditados por la entidad los ciudadanos que se inscribieron para ser parte de este proceso. 
En su organización, este colectivo se ha dividido las actividades por cinco comisiones de trabajo.
Juan Vera, coordinador de una de estas, aseguró que sí tienen acceso a la información de las instituciones públicas que intervienen en los trabajos de reconstrucción.
“A nosotros nos ampara la Constitución y en base a eso estamos recibiendo respuestas, no inmediatas, pero llegan”, indicó.
Según Vera, el trabajo de esta veeduría será el de ser un “puente de comunicación” entre las instituciones del Gobierno y los reclamos de los ciudadanos.
Frank Delgado, otro veedor, aseveró que todavía se encuentra recopilando información de los trabajos que se realizan en diferente frentes de la reconstrucción.
Añadió que están entregando las cartas respectivas a diferentes organizaciones públicas para obtener los datos.
Ambos veedores coinciden en que cualquier irregularidad en la asignación de los recursos que han llegado a la provincia será identificada. 
Sin respuesta. Este medio remitió vía correo electrónico al área de comunicación del Comité de Reconstrucción varios interrogantes que hasta el cierre de esta edición no fueron contestados.
Se plantearon consultas como: ¿Qué mecanismos de difusión tiene el Comité de Reconstrucción para informar a la ciudadanía de los avances en reconstrucción y reactivación?
¿En dónde puede la ciudadanía consultar el detalle de proyectos, obras, contratistas, presupuesto asignado, presupuesto devengado, avance de obra?
También se consultó: ¿Dónde se puede encontrar información detallada sobre lo planificado y lo ejecutado que ha sido aprobado por el Comité de Reconstrucción?
Se observó el cuestionario enviado que entidades como Miduvi reportan diariamente en su web el número de bonos de vivienda aprobado, pero no pasa lo mismo con otros procesos en curso como demoliciones, bonos MIES, obras en Salud, reconstrucción eléctrica, obras de saneamiento y más. ¿Por qué?
Solicitudes. Asimismo, también este medio recordó que el secretario técnico de la reconstrucción, Carlos Bernal, anunció meses atrás que se publicaría junto con Cancillería el detalle de todas las donaciones, tanto en efectivo y en físico, pero que tal reporte no ha sido difundido y se pregunta entonces por qué esto no se ha dado.
También se pidió el detalle actualizado por cantones, de proyectos aprobados por el Comité de Reconstrucción, con monto, contratista, avance de obra, monto asignado y monto devengado en cada caso, pero tampoco se tuvo respuesta.
Lo que dice la Ley de Solidaridad
La Ley de Solidaridad, creada para ayudar a la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas, establece en su disposición general tercera mecanismos para la información. Para el Comité de Reconstrucción cita que “informará a la Asamblea Nacional en forma detallada y trimestral las acciones realizadas en favor de los afectados”.
Se señala que lo recaudado por la Ley se registrará en una cuenta específica del Presupuesto General del Estado y que “la información del manejo de estos recursos estará disponible al público, en la página web del Ministerio de Finanzas”. Además, la Contraloría “deberá informar anualmente a la Asamblea Nacional del Ecuador sobre los actos de control previo continuo y posterior ejecutados sobre el manejo de los recursos provenientes de esta ley”.
El resumen del diagnóstico está disponible en Senplades
Un resumen ejecutivo del diagnóstico de los costos, pérdidas, daños y más que causó el sismo está disponible en la página web de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (www.planificacion.gob.ec). Aborda el evento sísmico, población afectada, las afectaciones en sectores como lo social (vivienda, salud, educación y patrimonio), infraestructura (electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento y transporte), y el sector productivo en ramas como manufactura, comercio, turismo, agro y más.
 
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