El hombre explicó que su hijo (el padre de los meno­res de edad) falleció hace seis años en un accidente de tránsito. Después del suceso trágico, la madre de los niños se quedó con ellos un tiempo, pero luego se los entregó, aduciendo que no podía mantenerlos, dijo. 

Además comentó que siete meses después la deman­dante se llevó a uno de los niños sin avisar y a los otros dos los sacó de la institución donde estudiaban. 

ARRESTO EN CASA. La demandada, quien lleva tres órdenes de apremio por la misma causa, fue trasla­dada a los calabozos poli­ciales de El Carmen, pero debido a que sufrió un que­brantamiento en su salud, fue llevada al hospital de la ciudad y las autoridades de­terminaron un arresto do­miciliario por 72 horas para su recuperación, señaló el esposo. 

Luis Cuenca, abogado de la mujer detenida, manifestó que la norma que disponía el arresto de los obligados subsidiarios (abuelos, tíos, hermanos) fue derogada por el Código Orgánico Ge­neral de Procesos; pero en Manabí aún no entra en vi­gencia tras el terremoto del 16 de abril. 

 La Ley Orgánica de Solidari­dad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Recons­trucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de abril del 2016, vigente desde mayo de este año, establece en la transitoria novena que “se prorroga de manera excep­cional la entrada en vigen­cia de la Disposición Final Segunda del Código Orgáni­co General de Procesos en la provincia de Manabí” y otorga seis meses para que se habiliten los servicios judiciales que permitan su aplicación. 

“Por ahora lo que estamos pidiendo es que la señora cumpla su pena con arres­to domiciliario, en caso que no pague”, manifestó Luis Cuenca. 

La demandante, Jhoana N., prefirió no pronunciarse so­bre el caso. 

CRITERIO. El abogado Edison Cevallos, consulta­do por El Diario, se mostró contrario a la decisión del juez y dijo que el magistrado debió aplicar el principio de la analogía para evitar que haya desigualdad. 

Explicó que, si bien la nor­ma no está vigente en Mana­bí, el país es uno solo y la ley debió aplicarse en beneficio de una persona vulnerable.