La UNE, fundada en 1950, fue disuelta por incumplir, según el Gobierno, la normativa vigente para el funcionamiento de las organizaciones sociales.

Según señalan los expertos en un comunicado, la normativa dictada por el Ejecutivo “establece restricciones demasiado amplias a la libertad de expresión y asociación, lo cual permite a las autoridades disolver asociaciones con base en criterios ambiguos”.

“El derecho a la libertad de asociación es un derecho fundamental, al que sólo se puede aplicar una cantidad limitada de restricciones”, dijo el relator de la ONU, Maina Kiai.

“Con la disolución de la UNE, el sindicato de educadores más importante del país, los educadores ecuatorianos están privados de una herramienta fundamental para hacer que su voz y preocupaciones sean oídas, y que pueda afectar negativamente a los defensores de derechos humanos y a la sociedad civil en general”, expresó a su vez el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.