Y son precisamente los resultados del examen los que permitieron determinar que a nivel de mampostería no se cumplían las especificaciones establecidas en la norma de construcciones del país, informó Rafael Saltos, director provincial del Consejo de la Judicatura.

“Hay una decisión del Consejo de iniciar acciones legales pertinentes y se está analizando con el equipo jurídico”, indicó.

Según el funcionario, al encontrarse vicios ocultos (errores) en esa edificación hay la disposición del presidente Gustavo Jalkh de iniciar las acciones legales que correspondan.

“Hay que analizar si es en contra de los fiscalizadores o constructores. Esperamos instrucciones de nuestras autoridades para establecer la ruta legal que vamos a iniciar, porque no vamos a permitir que el sistema judicial haya sufrido un daño”, sostuvo Rafael Saltos.

>inversión. El director provincial del Consejo de la Judicatura manifestó que en el caso del bloque de la Familia su afectación fue de un cien por ciento, y su derrocamiento ya fue solicitado.

En cuanto al reforzamiento del bloque penal, supera los 2 millones de dólares, ya que se encontraron falencias a nivel estructural que se deben corregir obligatoriamente. “El suelo tiene algunas dificultades y se precisa de un pilotaje”, dijo Saltos.

Ante ello, agregó, están en condiciones de hacer efectivo el seguro por 8 millones de dólares que va a garantizar construir el mismo edificio, de las mismas características y con las especificaciones. 

El Palacio de Justicia tiene un seguro por 4 millones de dólares. 

Aún no se realiza la inspección técnica para evaluar los costos financieros de la remodelación integral, aunque las mejoras demandarán 400 mil dólares.

Intervención. La infraestructura policial comenzó ya a ser intervenida. 

Tras el 16A un total de 93 edificios, entre UVC, UPC y comandos se vieron perjudicados. 

Fernando Vallejo, jefe de la subzona en Manabí, dijo que ya se hicieron informes técnicos para determinar su daño.