Los cargos fueron aceptados a trámite por el juez federal Ricardo Leite, un día después de que Lula acudió, por medio de sus abogados, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, para denunciar que es víctima de lo que consideró como una “persecución política y judicial” en Brasil.

Junto con Lula, el juez procesará al exsenador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcidio Amaral, y a su asesor Diogo Ferreira, al banquero André Esteves, al empresario José Bumlai y a su hijo Mauricio Bumlai, así como al abogado Edson Ribeiro.

En todos los casos, la acusación se refiere a supuestas maniobras para intentar evitar que el exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, detenido por los escándalos en esa empresa estatal, aceptara un acuerdo de cooperación judicial que implicaría confesar todo lo que sabía y delatar a los implicados.

Defensa. Los abogados de Lula también se manifestaron tras conocer la decisión judicial anunciada ayer y explicaron en un comunicado que el exmandatario aún no ha recibido “ninguna citación” judicial, aunque aclararon que “cuando eso ocurra, presentará su defensa” y probará su inocencia.

“Lula ya esclareció a la Procuraduría General de la República que jamás interfirió o intentó interferir” en las investigaciones relacionadas con la red de corrupción de Petrobras, añadió uno de sus abogados. “La acusación se basa exclusivamente en una delación de un reo confeso y sin credibilidad”, en alusión al exsenador Amaral.