Cerca de 150 personas fueron desalojadas de un campamento por la Policía Nacional de Ecuador en un control migratorio el 6 de julio pasado, de acuerdo con el informe policial mencionado por la CIDH, en el que este organismo observa algunas irregularidades.

Como resultado de esta redada, se calcula que 121 cubanos fueron devueltos a su país de origen en tres fases el 9, 11 y 13 de julio.

La Comisión expresó su “preocupación” porque el Estado ecuatoriano haga “uso de forma automática de la detención migratoria, sin antes recurrir a medidas alternativas” y porque la Justicia no sea suficientemente “independiente”.

La CIDH pidió al Gobierno de Ecuador que adopte “todas las medidas que sean necesarias” para garantizar el derecho a la libertad, la integridad personal, el debido proceso, la protección judicial, el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución y a la unidad familiar, enumeró en el comunicado. 

El Ministerio del Interior señaló en un comunicado de prensa el pasado 13 de julio que durante las deportaciones se protegieron “los derechos humanos”.