Ese sentimiento ha sido bien aprovechado por el movimiento político actual, que vertiginosamente se ha aupado al Ejecutivo con el impulso que le proporcionaran los errores de quienes no les importó cometerlos por estar envanecidos y ensoberbecidos, usufructuando de los recursos de la nación. Como no hay enfermedad que dure cien años ni cuerpo que la aguante, henos aquí, en tiempo y espacio, todos frente a la mayor y más importante cita cívica que los ecuatorianos hayamos tenido en las últimas cuatro décadas: estructurar una asamblea nacional constituyente. Es decir, el escogimiento “voluntario” de las personas que tendrán a su cargo la confección de la “biblia” jurídica del ecuatoriano, aquel documento que servirá de columna vertebral para mantener erguido el principio de la legalidad y servir de fiel para encuadrar a la sociedad ecuatoriana en la realización de buenas acciones, conociendo, a la vez, los riesgos y las sanciones a la que se vería abocada de desviar sus procedimientos hacia la ejecución de las malas intenciones. Seleccionar a quienes deben trabajar en la elaboración de una nueva Constitución, Carta Magna o Madre de las Leyes, cuya vigencia, respeto y duración ha dependido de la educación y cultura – especialmente política democrática – del pueblo al que ha de regir. Como no voy a ser asambleísta, me permito sugerir tres aspectos a ser discutido por los iluminados elegidos: La bicameralidad. Que la función Legislativa esté conformado por dos cámaras: de diputados y de senadores. La Cámara de Senadores servirá de filtro para el control de fallas y excesos de las decisiones de la Cámara de Diputados. Estaría integrada por ciudadanos duchos y experimentados en el campo político y del derecho. Control al sindicalismo. Que se revisen y regulen los términos de los contratos colectivos de trabajo que han permitido crear “círculos dorados”, en el sector laboral, con prebendas que, al igual que las del nivel de la alta burocracia, también lastiman la economía del ecuatoriano común. Reforma tributaria. Que se reformen las disposiciones concernientes a la tributación de las empresas, a objeto de que la declaración y pago de los impuestos se las efectúe en el lugar donde se efectúa la transacción. Así se cortarán injusticias como aquellas de que provincias como Manabí, con un alto consumo de bienes y servicios, resultan con un aporte mínimo al erario nacional, mientras que sus millones en consumo - cemento, cerveza, medicinas, gaseosas, por citar pocos - se van a otra provincia por estar allá la “central” de la empresa vendedora. Un aporte sencillo, pero que vale que se lo pese.