Sin embargo, si recordamos que esta vía lleva muchos años en proceso de reconstrucción, podría pensarse en la existencia de una compleja red de intereses desconocidos que frenan una intervención contundente del Ejecutivo, como ha mostrado poder hacerlo en otras situaciones en el país.

Y mucho más si se viola una promesa realizada a las poblaciones asentadas a lo largo de la vía, para que estas cedieran a sus intenciones de protagonizar medidas de hecho debido al abandono en que se encuentra la carretera.

Este caso contradice aquellas aseveraciones que se difunden a través del aparato informativo oficial acerca de la eficiencia administrativa gubernamental, pues son apenas 18 kilómetros los que faltan para culminar la obra y no hay señal que indique que ésta vaya a destrabarse del aparente lío jurídico en el que se hallaría.

Quizá con el estado de excepción que impera en la provincia pueda encontrarse una fórmula para aprovechar la urgencia de terminar esa vía, parte importante del publicitado corredor futurístico Manta-Manaos.