Desde que el gobierno dispuso poner bajo lupa el sistema educativo universitario en el país, mucho se ha comentado de las reglas del juego imperantes para hacer efectiva la meritocracia en la actividad de las entidades de educación superior.
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que, “manu militari”, la Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) empezara a realizar un barrido completo de estas entidades supuestas a la formación de los profesionales y técnicos del país, eliminando algunas y poniendo condiciones a otras para su continuación.