Zevallos resalta que hay mucha capacidad técnica en la provincia, pero cuestiona la práctica generalizada de abaratar costos y buscar soluciones fáciles. “Ha habido mucha irresponsabilidad”, dice.

Sus palabras traen a la memoria la sentencia del arquitecto japones Shigeru Ban, famoso por sus diseños livianos: “Los terremotos nunca matan a la gente, pero el colapso de los edificios, sí”.

Al igual que Zevallos, otros especialistas, tanto locales como internacionales, coinciden en señalar múltiples aspectos que fallaron en las estructuras que cayeron en el terremoto del 16 de abril.

Con críticas. Uno de los expertos que pisó suelo manabita tras el destructivo movimiento telúrico fue Roberto Aguiar Falconí.

Es doctor en ingeniería y especialista en análisis sísmico de estructuras. Ha investigado durante décadas el comportamiento de las edificaciones en los eventos sísmicos y de hecho lo hizo tras el terremoto de 1998 en Bahía de Caráquez. No puede ocultar cierta indignación y dolor al afirmar que “no aprendimos nada”.

El especialista explica que las mismas fallas que se vieron hace 18 años se han vuelto a encontrar en las estructuras que ahora han fallado. Aguiar explica que estudios, cálculo y diseño de la estructura, utilizar profesionales realmente capacitados, control municipal, respetar los diseños e innovar en técnicas más seguras de construcción es urgente.

Recalca que el estudio y zonificación del suelo es prioritario, pero rara vez se concreta. Da como ejemplo la destrucción en la zona de Tarqui en Manta, cuyo suelo  fue sedimento de río que con el paso de las décadas cedió ante el crecimiento urbano.

“Ya hay mucha investigación en edificaciones antisísmicas, incluso para casas. Falta que se la use”, indica.

Con él coincide el doctor en ingeniería Carlos Llanes Burón, quien es parte del Grupo Asesor en Mitigación de Desastres (GAMID) de la Organización Panamericana de la Salud, que llegó para evaluar las estructuras en el país. Llanes ha realizado evaluaciones en Chile, Venezuela, Colombia y otros países tras destructivos terremotos, y en ellos, al igual que en Ecuador, encuentra peligrosas repeticiones.

Explica, por ejemplo, que no se usan sistemas que separen la mampostería (paredes de ladrillos, por ejemplo) de las estructuras rígidas como las columnas. “Ahora se pueden usar materiales aisladores flexibles que reducen posibilidad de que haya colapsos”, resalta, al destacar que muchos muertos y heridos se producen por la caída de paredes. El experto dice que otra falla recurrente es que las columnas no se amarran con estribos de forma segura, por ejemplo, cada diez centímetros por lo menos en las partes más altas y más bajas. Lo común, explica, es que se pongan separaciones mayores y débiles.

Material. Otro señalamiento es contra el uso de arena de mar, que es altamente corrosiva para el hierro. Édgar Menéndez, ingeniero y expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí (CICM), dice que aunque es más cara, lo que se debe usar es arena de cantera. “La gente opta por lo más barato, pero es lo que justamente reduce la resistencia”, explica.

>CONTROL. Los técnicos consultados coinciden en destacar que la norma de construcción vigente es adecuada y que existe control, pero lo que falta es su aplicación de forma general en la población.

Carolina Lasso, jefa técnica de procesos del Municipio de Portoviejo, comenta que sí hay control, ya que para aprobar una construcción se verifica tanto el plano arquitectónico como de ingeniería (estructural, eléctrico y otros), se pide una garantía de fiel cumplimiento y se emite un certificado de habitabilidad luego de edificada y que se haya cumplido todo. “Falta que se use más a los profesionales. Mucha gente confía en los maestros constructores, que pueden tener experiencia, pero no conocen del todo el diseño requerido”, expresa, para señalar que se hace una revisión de los procesos para mejorarlos y volverlos aún más rigurosos.

>INVESTIGACIÓN. Desde la Fiscalía también se analizan las estructuras para sacar aprendizaje de lo ocurrido. Así lo explica el fiscal provincial Enrique García, quien dice que desde la semana pasada unos 15 fiscales, acompañados de especialistas en ingeniería han tomado muestras que serán sometidas a análisis en el marco de una investigación administrativa. Recalca que no se trata de una investigación penal y que lo que se busca es aprendizaje, determinar qué cosas fallaron.