La primera estaba conformada por representantes de la Defensoría del Pueblo de Manabí y del Litoral, que incluía a un perito. La segunda delegación era de funcionarios de la Dirección Provincial de Salud de Manabí. Todos se reunieron al mismo tiempo con las autoridades del hospital. La Defensoría del Pueblo solicitó que se rabriera el área de neonatología del hospital. Los empleados recordaron que esa área está funcionando desde el 24 de marzo e incluso atendió a 37 neonatos, dijo Remigio Ponce, asesor jurídico del hospital. También se realizó una inspección a los lugares críticos y para ello trajo a un perito que deberá emitir un informe. Nuevo expediente Patricia Castro, defensora del pueblo del Litoral, señaló que este es un nuevo expediente y agregó que hace meses emitió un informe sobre la muerte de los 28 neonatos ocurrida entre enero y mayo del 2006 en que se determina que hubo violación a los derechos humanos. Agregó que el informe debe ser conocido y ratificado por el defensor del pueblo, Claudio Mueckay, quien debe calificarlo con la censura pública, lo cual es la máxima sanción de este organismo. La censura pública generalmente permite que las autoridades formales tomen medidas en los casos. Destacó que ese informe hace meses debió ser remitido por el defensor del pueblo pero Castro estuvo fuera de la defensoría del pueblo desde los meses de enero a abril y en ese tiempo el encargado, Ernesto Velásquez, lo remitió a Quito y recién en mayo se agilizó el caso. Nuevo abogado A la reunión también asistieron Yodri Párraga y Joselo Hidalgo, padres de dos de los neonatos fallecidos, en la época de crisis del hospital. Ellos informaron que cinco de los padres se han unido para seguir acciones legales. Presentaron a un nuevo abogado auspiciante, pues ya desistieron de Rafael Esteves quien dejó de interesarse por el caso. El profesional es Ricardo Fernández de Córdoba, oriundo de Quito, quien señaló que el caso estaba mal planteado pues interpusieron una demanda penal. Explicó que la causa no es contra una persona o médico en particular sino contra el Estado, por ello plantearán una demanda civil por daños y perjuicios. Así, aspiran a que el Estado indemnice económicamente a quienes perdieron a sus hijos al recibir servicios de la casa de salud estatal. Patricia Castro DEFENSORA DEL PUEBLO LITORAL “Se debe abrir una investigación a los administradores de justicia de Manabí por su veredicto en el caso neonatos”. Ricardo Fernández ABOGADO DE PADRES “El proceso estaba equivocado, plantearemos una acción civil contra el Estado. Si no hay justicia iremos a corte internacional”. Remigio Ponce ABOGADO DEL HOSPITAL “Los jueces que analizaron el caso comprobaron que los ocho empleados imputados no tienen nada que ver en el caso”. ABIERTA El área de neonatología está abierta desde el 24 de marzo, después de haber permanecido cerrada por nueve meses.