Patricio Sales, secretario ejecutivo de las empresas aseguradoras, dijo que hasta el viernes de la semana pasada habían recibido 3.500 reclamos para cobros de seguros. Esto ascedería a 70 millones de dólares.

Aseguró que todavía no hay un monto definitivo, que evalúan los daños, pero que el valor total sería de 3 mil millones de dólares. 

“Es un estimado”, aclaró Sales.

Por otro lado, el representante de la empresa estatal de seguros Sucre, José Luis Romo, dijo que entre las instituciones afectadas del Estado están: hospitales del IESS, oficinas administrativas de la misma entidad, CNT, Cnel, Banco del Pacífico y otras.

Por ahora más de 120 especialistas recogen información en el sur de Esmeraldas y Manabí para cuantificar el monto que la aseguradora deberá desembolsar.

“El tema de los bienes asegurados es relativo, porque no todos los bienes se aseguraron. La pérdida global o general que se ha producido por este evento oscila entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares. De esos valores asegurados en el mercado local deben haber entre 500 y 800 millones que serán los que en los próximos días serán liquidados”, dijo Romo.

El asambleísta Fausto Terán consideró que la Asamblea debe dar seguimiento al pago de estos seguros.

“Tenemos la obligación de fiscalizar y ver cómo va el proceso de indemnización a los usuarios”, expresó.

Diego Salgado, asambleísta de CREO, cree que es necesario primero tener los estudios e informes de los daños de las empresas públicas y privadas.

“Han pasado 18 días desde el terremoto y no tenemos una cuantificación. Recién se anuncia que se está trabajando en eso, pero eso sí ya tenemos tres leyes económicas urgentes en lo que va del año”, manifestó.

Catastro. Por otro lado, la asambleísta Rosa Elvira Muñoz propuso que los municipios de las zonas afectadas por el terremoto de 7,8 grados realicen un nuevo catastro.

“La idea es que se hagan evaluaciones para actualizar las cifras y lo que deberían pagar quienes perdieron bienes inmuebles”, dijo Muñoz.

Por otra parte, alcaldes de la provincia de Esmeraldas llegaron ayer a la Comisión para pedir que se incluya en la ley a toda la provincia y no solo al cantón Muisne. 

En el debate también se planteó la idea de que Muisne sea declarada zona protegida, como una apuesta al ecoturismo.