La petición fue dirigida al Tribunal Supremo y se basa en sospechas de que Rousseff, junto con su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva, y el actual abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, intentó obstruir la acción de la justicia en las investigaciones sobre las corruptelas en Petrobras. 

“Tengo certeza de que esa investigación demostrará apenas que el senador otra vez mintió”, sostuvo Dilma Rousseff en alusión a Delcidio Amaral, exjefe del oficialismo en el Senado, detenido por el caso Petrobras y quien ha acusado a la mandataria de intentar obstruir la acción de la justicia frente a esos escándalos.

Si es aceptada la demanda de la Fiscalía por la Corte Suprema, complicará aún más la ya delicada situación de Rousseff, quien está a un paso de ser sometida a un juicio parlamentario con miras a su posible destitución, por diversas irregularidades fiscales en las que su Gobierno incurrió en los años 2014 y 2015. 

Antonio Anastasia, instructor del caso, recomendó que el proceso del juicio político continúe. Según Anastasia, “la denuncia presenta los requisitos legales y formales exigidos por la legislación en vigencia”.