El proyecto de Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad pasó el primer debate en la Asamblea Nacional con una serie de observaciones hechas por los legisladores.
La aprobación deberá darse antes del 22 de mayo.
El proyecto busca la reconstrucción de infraestructura pública y privada y también la reactivación productiva de las localidades afectadas por el sismo, de magnitud 7,8 en la escala de Richter y que dejó 660 muertos, 23 desaparecidos y 22.754 personas albergadas, según los más recientes datos oficiales.
La ley establece el aumento por un año del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 14 % y la aportación por parte de los trabajadores que ganen más de mil dólares al mes de un día de su sueldo.
La contribución se repetirá durante un día más en los meses siguientes por cada mil dólares adicionales y se aplicará hasta los salarios superiores a 20.000 dólares, cuyos perceptores “aportarán con ocho días de sueldo en ocho meses”, según un comunicado de la Asamblea.
También se establecen medidas como el pago de un 3 % sobre las utilidades de empresas y de las personas naturales cuya base imponible en el ejercicio fiscal 2015 superó los 12.000 dólares.
Una contribución del 1,8% sobre la valoración catastral del año 2016 para bienes inmuebles de personas jurídicas domiciliadas en paraísos fiscales y otra del 0,90% para personas naturales con patrimonio a partir del millón de dólares figuran también en el proyecto, que fija exoneraciones para las provincias afectadas por el desastre.
PROPUESTAS. La remisión de capital e intereses por un monto de hasta 15 mil dólares de deudas con el BNF y CFN y la concesión obligatoria de nuevos créditos, según la capacidad de pago; que el Ministerio de Agricultura presente un plan integral para la recuperación de los campesinos, artesanos y pescadores; que se contemple incentivos para esos sectores; que se contrate mano de obra, bienes y servicios locales; y que se exonere del IR a las nuevas inversiones productivas, fueron algunas de las propuestas que se plantearon, informó la Asamblea.
También se propuso que se cree una zona especial de desarrollo económico para los cantones Manta, Montecristi, Jaramijó y Portoviejo y que se extiendan los beneficios de la ley a toda Esmeraldas o a otros cantones de esta provincia. Así mismo, que el fondo de recaudación sea fiscalizado por la ciudadanía y que esté integrado por otros sectores de la sociedad civil.
Pavel Chica, del movimiento CREO, dijo que se debe crear un inventario detallado con los bienes públicos y privados afectados por el terremoto, transparentar cifras de las afectaciones y que los recursos sean bien manejados.
Ramiro Aguilar sostuvo que el aumento del IVA no implicará necesariamente una mayor recaudación.
Otra moción que se escuchó en reiteradas ocasiones es que se debería dar el mismo tratamiento que a Manabí y a Muisne, a toda la provincia de Esmeraldas, pues según Alexandra Ocles, esta debe ser una oportunidad para el desarrollo.
La asambleísta Cynthia Viteri aseguró que el camino no es el alza en el IVA. Propuso como alternativas la renegociación de la deuda externa, obtener líneas de crédito y la venta de activos del Estado, como los medios de comunicación incautados.