A la ya conocida lentitud en la atención a las necesidades que el usuario diario hace en las instituciones públicas, se une el trato despótico y la exigencia de los famosos “cariñitos” para agilitar o concretar la prestación del servicio por el que el usuario acude a las entidades estatales. Y las quejas y las denuncias en muchas ocasiones no se refieren únicamente al funcionario de la ventanilla o del escritorio de los primeros pisos, sino que alcanzan a los jefes y hasta directivos de las instituciones y hasta de los ministerios. Ha principio del año varios funcionarios municipales manabitas recordaron públicamente que en organismos nacionales basados en Quito, con poder de decisión para incluir obras en los programas de trabajo de las entidades fiscales, así como facilitar el envío de las transferencias económicas para la ejecución de esos trabajos que beneficiarán a diversas comunidades del país, las gestiones tienen éxitos cuando de por medio había dinero para el trámite. La coima se ha entronizado y enraizado en estamentos del gobierno, al punto de que determinado porcentaje debe ser considerado dentro del presupuesto del contratista o vendedor, si éste quiere lograr el negocio y/o el posteriormente pago oportuno de las planillas. Por tal razón, como dijéramos en editorial anterior, el gobierno nacional, a través de sus gobernadores, tiene que estructurar un enérgico plan de combate a la corrupción, especialmente a la coima. Así, el dinero que va a engrosar cuentas corrientes particulares podrán beneficiar a la ciudadanía porque habrá mejores obras y realizadas a tiempo.