Aún no se sabe la identidad de los agraciados con esta medida del Gobierno. La única condición es que no estén acusados o condenados por delitos de lesa humanidad. "Tenemos que definir con toda precisión las condiciones jurídicas en que está cada persona, el delito por el cual está condenado, el tiempo que ha pasado en la cárcel y el rango que tenía dentro de las FARC", indicó el ministro de Interior, Carlos Holguín. La oferta del Gobierno fue rechazada ayer por unos 90 rebeldes de las FARC presos en el municipio de Girón, en el noreste de Colombia, según informa la agencia Efe. Los presos emitieron un comunicado en el que tacharon la propuesta de "cínica" y la acusaban de distraer a la opinión pública. "Uribe pretende desviar la atención de la parapolítica [escándalo por los nexos entre políticos y paramilitares] y crear un terreno propicio para la impunidad entre altos funcionarios del Estado", sostienen estos presos guerrilleros. Diversos analistas han mostrado también su oposición a la medida. "No le veo ningún efecto a esta decisión unilateral del Gobierno", declaró a este periódico Carlos Lozano, director de Voz Proletaria, semanario comunista. Lozano, miembro de un equipo que ya trató infructuosamente de negociar con las FARC, asegura que la medida, en lugar de generar acercamiento con el grupo insurgente, crea mayores conflictos entre las dos partes. Lozano opina, al igual que los 90 presos de las FARC que rechazan la oferta del Gobierno, que con esta medida el Ejecutivo únicamente pretende justificar la liberación de congresistas encarcelados por colaborar con los paramilitares. Uribe anunció la semana pasada también la excarcelación masiva de políticos -la mayoría cercanos al Gobierno- a cambio de que contaran la verdad sobre sus vínculos con los paramilitares.