Previo a dar ha conocer su posición al respecto del tema, Lapentti hizo un llamado para que la decisión del Congreso se ajuste a derecho, a la realidad económica y social, y no a las circunstancias políticas. Reveló que al alcanzar la categoría de provincia, Santa Elena no sería beneficiaria, con 14 millones de dólares de presupuesto anual, como se ha dicho, sino apenas con cinco millones, de los cuales el 50 por ciento iría en gastos burocráticos. Aclaró que para el 2006, el Consejo Provincial del Guayas invirtió a favor de los cantones peninsulares la cantidad de 38 millones de dólares en obras y que para el 2007 y 2008 tienen previsto, gastar aproximadamente, 63 millones de dólares. Reiteró que la aprobación del proyecto generaría consecuencias institucionales, legales, económicas, políticas y sociales, siendo conveniente, más bien, aprobar el proyecto de Ley Orgánica de Régimen Autónomo, con lo cual recibirían cerca de 75 millones de dólares anuales, asumiendo varias competencias. Aseveró que este proceso de provincialización traerá como consecuencia un sin número de pedidos en el mismo sentido, lo que conllevaría al desmembramiento del Ecuador. Dijo que ahora es Santa Elena, después será Milagro y Durán en Guayas; posteriormente Santo Domingo, en Pichincha y luego “será una lluvia de pedidos, que lo único que hará es dividir al país”, dijo. Lapentti informó que para hoy, a las 12h00, se ha convocado a una Asamblea Provincial del Guayas, a la que asistirán los diputados provinciales, los 28 alcaldes y demás representantes, para tomar una resolución en torno a la pretendida provincialización de Santa Elena, misma que será expuesta el próximo jueves en el Parlamento, en comisión general. De su parte, el jefe de bloque de Dignidad, Miguel Castro, manifestó que “esta es una oportunidad para escuchar la posición de la prefectura del Guayas respecto al proyecto de provincialización de Santa Elena, porque para establecer un juicio de valor es indispensable conocer la versión de cada una de las partes”. Sin embargo, subrayó que no se puede asumir una posición parcializada sino imparcial, hasta tener toda la información técnica administrativa de la realidad provincial y sobre las ventajas y desventajas del proyecto de Ley. Castro enfatizó que los diputados pretenden dar un cambio a los procedimientos tradicionales para aprobar las iniciativas de Ley, por lo que ahora ellos están interesados en invitar a las partes involucradas para que expongan sus argumentos.