La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), publicada en el Registro Oficial del 18 de mayo del 2004, establece la obligación de que las instituciones públicas y las privadas que reciben recursos o competencias de entidades del Estado, dispongan en una página web toda la información de contratos, viáticos pagados, trabajadores, presupuesto, entre otros rubros, para que los ciudadanos puedan tener fácil acceso a esos datos. La ley determinaba un plazo de un año para que se ubicara dicha información. Pero hasta ahora, dos años después, no se ha cumplido. En el caso de Manabí, apenas la mitad de los municipios ha dispuesto su información de carácter público en páginas web. Pero los que la tienen omiten, en su mayoría, datos importantes como la remuneración del personal, viáticos y las resoluciones que toman esos organismos. Hay entidades, como Emelmanabí y la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Manta, que no actualizan los datos desde hace meses. Pero hay otras, como algunas fundaciones y la Comisión Interinstitucional para el Puerto de Transferencia de Manta, que ni siquiera tienen una página web. La observación está en manos de la Defensoría del Pueblo, pero esta institución no tiene la capacidad para establecer sanciones. Ni siquiera se exige el cumplimiento de la ley. Es necesario que el gobierno, que asegura promover la transparencia en las entidades del sector público, disponga la actualización de la información que, como tal, debe ser entregada a los ciudadanos en forma clara.