Esto para establecer la legalidad del contrato suscrito entre el Ministerio del Ambiente (MAE) y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) para la adquisición de los terrenos del parque Samanes.
La Procuraduría emitió una resolución  que ordena la devolución por parte del ISSFA al Ministerio del Ambiente los valores pagados en exceso por 66 lotes de terreno. Esto provocó el rechazo de la cúpula militar y el presidente Rafael Correa cesó al alto mando y ubicó a nuevos jefes militares.
El mandatario en su cuenta de Twitter se expresó a inicios de semana sobre el tema e indicó que se espera el informe de Contraloría, que, según el titular de la institución, estaría en un plazo de 45 días, es decir, a inicios del mes de abril.
“Ya se metieron los politiqueros de siempre en el ‘problema’ del ISSFA. Ojalá se entienda que estamos defendiendo el dinero del pueblo ecuatoriano. Cualquier imprecisión la aclarará el informe de Contraloría”, indicó el presidente.
Ante esto, se prevé que mañana se reúnan militares en servicio activo y pasivo de todo el país.
Según un comunicado emitido por los militares retirados, la reunión será “para delinear las futuras acciones legales ante los organismos nacionales e internacionales, que se deban adoptar de continuar con esta sistemática afectación a los recursos del ISSFA...”.