Barriga explicó que la decisión de la Procuraduría General del Estado, resuelta el 18 de noviembre de 2015, es de carácter vinculante (obligatorio cumplimiento) y determina la devolución al Ministerio del Ambiente de los valores pagados en exceso por 66 lotes de terreno comprados en el 2010 al ISSFA y que fueron destinados a la creación de áreas verdes y recreacionales del parque Los Samanes.

“El ISSFA no observó lo que la Ley manda: comprar o vender una propiedad pública sobre el avalúo que establece cada municipio, en este caso el de Guayaquil y que al 2010 lo valoraba en 7,3 millones”, dijo Barriga.
Añadió que el ISSFA realizó el cálculo de un organismo no competente, es decir, con la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros.
El miércoles varios militares en servicio pasivo realizaron un plantón para apoyar al ISSFA y exigieron respeto a los recusos de la institución.