El sector señaló que en el proyecto enviado al Congreso no fueron considerados sus planteamientos para "encontrar fórmulas de consenso que permitan reducir los costos efectivos de las operaciones de crédito y de otros servicios (...) sin poner en riesgo la seguridad de los depósitos". Los bancos y otras instituciones calificaron de "inconstitucional" al plan gubernamental y sostuvieron que "ocasionará perjuicios económicos a los depositantes y al país". "Las pérdidas que sufrirá el sistema financiero afectarán la solvencia con que hoy cuenta y eventualmente obligará a las autoridades bancarias a liquidar algunas instituciones. Otras se verán forzadas a suprimir o restringir las líneas de micro-crédito", agregaron en un comunicado publicado en la prensa. Mostraron preocupación de que los recursos privados depositados en el exterior, para protegerlos frente a eventuales crisis de liquidez, puedan ser "desviados, obligatoriamente y por consideraciones políticas, hacia operaciones crediticias de alto riesgo, muchas incobrables, replicando lo que ha ocurrido en el pasado en los bancos estatales".