La ciudadanía ha conocido esta semana las versiones de los principales protagonistas de la historia; esto es, el ministro de Economía, el denunciante y un ex ministro de Economía. Pero, lógicamente, no es suficiente. El Congreso y la Fiscalía están iniciando sendos procesos investigativos, que es de esperarse concluyan en un tiempo razonable y que aporten a la verdad. Este caso pone, en la retina del público, cómo va a ser la interrelación entre las tres funciones del Estado, en los que se basa la democracia. ¿Qué hacía el ministro de Economía atendiendo propuestas fuera de su despacho o fuera de los sitios en donde habitualmente debe hacerlo? El ministro responde que tendiendo una trampa a la corrupción. ¿Es esta la tarea del ministro de Economía, si con ese fin el presidente creó la Secretaría Anticorrupción? Estas son sólo dos de las decenas de preguntas que hay en el ambiente. Todos los actos del presidente y su gobierno, así como los de los diputados y los jueces, son públicos por su naturaleza misma y porque se hacen en representación y con los recursos de todos los ecuatorianos. Por ello es extraño que se cuestione la difusión del video en donde aparece el ministro atendiendo asuntos públicos. Para llegar a la verdad es necesario que se ventilen en la opinión pública las varias versiones de los hechos. Los ecuatorianos merecen que la verdad salga a la luz, en especial ahora que tan abrumadoramente han confiado al gobierno del presidente Correa la revolución ciudadana de la que se ha hablado durante años. Mientras más alto es el compromiso más alto debe estar el respeto.