El funcionario, que presentó su dimisión el martes pasado y espera que el directorio del BCE la acepte esta misma semana, destacó que comparte el objetivo del gobierno de alcanzar un mayor bienestar para el país y lograr una redistribución más equitativa de la renta, pero no coincide "con la temporalidad y los mecanismos" proyectados para alcanzar esas metas. Agregó que no existen factores que hagan suponer que hasta finales de 2008 el país va a sufrir un problema de liquidez, debido a los altos precios del petróleo, que es la mayor fuente de ingresos del Estado, pero a largo plazo la situación puede complicarse. En su opinión, las medidas económicas del gobierno están "enfocadas en la coyuntura" pero "no se ve planificación a largo plazo", por lo que duda que la "estabilidad" pueda mantenerse después de 2008. El gobierno espera para este año un crecimiento económico que puede llegar al 4,1 por ciento, con una inflación inferior al tres por ciento, pero "no hay programa a largo plazo" y existe una "indefinición" incluso para 2008, según Pareja. En su opinión, los problemas que Ecuador arrastra desde hace décadas "no son por falta de recursos", sino de "gestión y realización" de la política económica y los proyectos del Estado. Desde la llegada a la Presidencia de Rafael Correa, en enero pasado, el gobierno ha destinado unos 300 millones de dólares de distintos fondos de reserva a medidas de emergencia para sectores con dificultades, como el sanitario, el viario o el educativo, y le quedan unos 1.800 millones de dólares disponibles en esos fondos. Sin embargo, "muy poco" se ha utilizado de hecho, lo que muestra la escasa efectividad del Estado para el gasto, anotó. El funcionario considera que, "si se acaban los recursos", se corre el riesgo de que se vea afectada la dolarización, adoptado por Ecuador en el año 2000 y que es apoyado por la mayoría de la población, según sondeos. Otra muestra de las deficiencias del Estado ecuatoriano, en opinión de Pareja, ha sido la "incapacidad para generar actividades paralelas vinculadas al petróleo", como han hecho otros países. En definitiva, Pareja cree que hay "gran cantidad de recursos que no se canalizan hacia donde deben", no sólo petroleros, sino también de otros capítulos, como las remesas de los emigrantes, que son más de 3.000 millones de dólares anuales, un 8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Estas remesas, si se canalizaran hacia la economía productiva, tendrían un enorme efecto de reactivación económica, pero no hay ninguna planificación sobre ello, señaló. Sobre el futuro del BCE, que desde la dolarización tiene unas funciones monetarias muy restringidas, Pareja espera que no sufra "injerencias" del gobierno y que mantenga su autonomía y sus funciones de control de la liquidez, de estudio y asesoramiento. El presidente Correa, que tiene discrepancias con el BCE, ha señalado que, al no ser ya una entidad emisora y no tener una función de control monetario, esa institución podría convertirse en un departamento más del Estado, sin autonomía.