Según el magistrado, la orden se contraponía a la legislación federal al crear una clasificación para determinar quién puede o no puede vivir en un apartamento. "La corte reconoce que la inmigración ilegal es un gran problema en este país. También comprende la frustración de las ciudades que tratan de resolver un problema nacional que el gobierno federal debiera manejar", dijo Lindsay al explicar su decisión. Agregó que "sin embargo, esa frustración, no importa cuán grande sea no puede servir como fundamento para aprobar una ordenanza que se contrapone a la ley federal". La suspendida ordenanza exigía que los administradores de edificios de apartamentos verificaran que los candidatos a alquilarlos fueran ciudadanos estadounidenses o residentes legales en el país. Quienes transgredieran la ordenanza podían ser obligados a pagar una multa de hasta 500 dólares. "Sólo el gobierno federal puede determinar si una persona se encuentra legal o ilegalmente en el país", indicó el magistrado. El suburbio de Farms Branch tiene alrededor de 28.000 habitantes. Alrededor de un 37 por ciento de sus residentes son hispanos, según las últimas cifras del censo nacional de población. "Se ha perdido el control de los problemas vinculados a la inmigración ilegal", señaló Tim O'Hare, edil de Farmers Branch y promotor de la ordenanza. "Recibimos con los brazos abiertos en Farmers Branch a quien tenga el derecho legal a estar en el país. Si no lo tiene, no es bien recibido aquí", añadió. Sin embargo, Blanca Benítez, una hispana citada por el diario New Mexican, manifestó que la medida es resultado de un ambiente cada vez más negativo para los inmigrantes. Los inmigrantes indocumentados "realizan trabajos que todo el mundo rechaza. Ahora se les quiere echar de los lugares donde viven", señaló. Alrededor de una decena de comunidades de EE.UU. han aprobado o están considerando ordenanzas similares, según Omar Jadwat, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Jadwat señaló que el problema fundamental de esas medidas es que usurpan las funciones del gobierno federal que es el que debe controlar la inmigración ilegal en el país. "No se puede permitir que un suburbio decida una cosa y que otro suburbio decida otra totalmente diferente. Si fuera así terminaríamos con 30.000 ó 40.000 políticas de inmigración", señaló.