Según las estadísticas del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), el 48,9 por ciento de la población ecuatoriana tiene alguna deficiencia, es decir, un trastorno o alteración orgánica, funcional o sicológica que puede provocar una discapacidad. Los discapacitados en el país son el 13,2 por ciento de la población nacional, y las personas que tienen minusvalías llegan al 4,4 por ciento. Si se expresa en cifras, más de millón y medio de personas tienen discapacidades, de las cuales el mayor porcentaje tiene deficiencias físicas. La Codificación a la Ley de Discapacidades determina que las personas discapacitadas tienen derecho a la accesibilidad, a la salud y rehabilitación, a la educación, a la accesibilidad al empleo, al transporte y a la comunicación. No todo esto se cumple. La discriminación y la falta de conciencia de la comunidad no permiten la aplicación de los derechos y las garantías establecidos. Ni siquiera los organismos públicos cumplen tales disposiciones. Para ejemplo basta un botón: en las ciudades manabitas los municipios no obligan a que los constructores de obras públicas y privadas construyan rampas y otras facilidades para el acceso de las personas que utilizan sillas de rueda o tienen problemas de movilidad. Hasta las aceras, que son bienes públicos, tienen barreras. Las estadísticas oficiales indican que casi la mitad de la población del país está en riesgo de sufrir algún tipo de discapacidad, y esa posibilidad aumenta conforme pasan los años. Es, entonces, tiempo de que todos, autoridades y ciudadanos, empiecen a trabajar por una sociedad más justa y menos discriminadora.