El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, indicó a periodistas que el presidente de la República, Rafael Correa, en un escrito dirigido a la Procuraduría (defensa del Estado) vinculó a Gutiérrez como responsable de la destitución irregular de jueces de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia en 2004.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, declaró en 2013 que se violaron los derechos de los jueces destituidos y condenó a Ecuador a pagar algo más de 14,5 millones de dólares en indemnizaciones a los afectados.

Esta semana, la Asamblea Nacional (Parlamento) decidió abrir un proceso llamado de "repetición" contra exdiputados que aprobaron en 2004 la destitución de magistrados y dieron lugar a la conformación de otra Corte Suprema impulsada desde el oficialismo de entonces.

Mera señaló que el actual mandatario ha pedido que también se ejerza contra Gutiérrez, a la sazón presidente de la República, el proceso de "réplica" o reembolso por el pago de las indemnizaciones a las que fuera condenado el Estado por la CorteIDH.

"Ya el presidente Correa ha vinculado al expresidente Gutiérrez en el tema de la destitución infame e inconstitucional" de los jueces en 2004 y lo ha calificado como "responsable" de ese hecho, añadió Mera.

"Tenemos pruebas que él (Gutiérrez) mandó a la Policía" para que "desalojara a los magistrados de la Corte", añadió Mera.

De su lado, el procurador del Estado, Diego García, confirmó que ha llegado a su despacho el escrito de la Presidencia en el que se vincula a Gutiérrez como responsable del hecho condenado por la CorteIDH, pero señaló que aún espera informes de otras instituciones involucradas en la sentencia del organismo internacional.

Según García, debe recibir los informes de la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior.

"Se ha pedido a cada una de las instituciones cuyos miembros están mencionados en la sentencia de la CorteIDH que identifique a los responsables dentro de su entidad", recordó García.

El caso se remonta al año 2004, cuando varios exdiputados decidieron declarar el cese de la Corte Constitucional y de la Suprema, para dar paso a otros jueces afines al entonces presidente, Lucio Gutiérrez, un político populista que ahora se ubica en la oposición.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, el oficialista Mauro Andino, indicó recientemente que la investigación efectuada por su organismo identificó a los exdiputados presuntamente involucrados en el proceso.

Andino dijo que el organismo que debe determinar los grados de responsabilidad y los valores que se deben reembolsar al Estado en el proceso de "repetición" es el Tribunal Contencioso Administrativo.

Recordó que la norma constitucional de su país establece que el Estado y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de sus servicios.

Andino precisó que ejercer el derecho de repetición es una obligación prevista en la Constitución y subrayó que la sentencia de la CorteIDH es "incontrovertible, no se discute si su contenido es o no el correcto". EFE