Según la orden, se daba cumplimiento a la exclusión de las familias que se encontraban asentadas en un terreno que luego de un proceso judicial civil perteneció a Antonio Arcentales.

El mencionado propietario aseguró que este terreno ha pertenecido a su familia y que a pesar que trataron de llegar a algún acuerdo de venta con quienes se habían posesionado en el lugar, no se logró.

José Chávez, uno de los desalojados, mencionó que desde el pasado fenómeno El Niño de 1998, él reside junto a su familia allí en ese terreno que, según él, era totalmente manglar. 

Según Chávez, “este terreno ha sido de la marina y los ocupamos por la necesidad que hemos tenido para vivir, pagando inclusive 180 dólares para construir unas casas de un plan popular”, sostuvo. Jhon Calderón, depositario judicial de Sucre, dijo que él solo se encargó de hacer cumplir la orden judicial.